El exintendente de Fernández Oro, Juan Reggioni, llega a juicio por administración fraudulenta

El exjefe comunal ya tiene  una condena que lo inhabilitó para ser candidato en 2023 y está imputado en la megacausa Techo Digno.

El exintendente de Fernández Oro, Juan Oscar Reggioni, llegará a juicio en una semana por una causa en la que está acusado de administración fraudulenta cometida en perjuicio de la administración pública por irregularidades en la construcción de 12 viviendas. La obra la debían realizar tres cooperativas locales, cuyos titulares también serán juzgados. Además afronta cargos una mujer que actuó como nexo entre las partes.

El caso muestra similitudes con la megacausa Techo Digno, en la que Reggioni también está como imputado.

Cabe recordar que el exjefe comunal de Fernández Oro registra una condena por «negociación incompatible con el ejercicio de la función pública». Esta sentencia lo inhabilitó para ser candidato como pretendió en 2023, cuando intentó volver a la intendencia.

El exjefe comunal también fue condenado por un accidente de tránsito, por el que debía pagar más de 120 millones de pesos.

Juicio largo y con muchos testigos


En un juicio que tendrá 49 testigos y se extenderá desde el 21 de abril hasta el 30 del mismo mes, también están acusados, además de Reggioni, Diego Oscar Quinteros, Luis Eladio Méndez y Leonardo Fabio Huenchunao, titulares de las cooperativas intervinientes, y Carina Marín, que era el nexo entre las partes.

El hecho que se investigó sucedió entre el 23 de noviembre de junio de 2014 y el 11 de diciembre de 2015.

El tribunal de juicio estará integrado por Alejandra Berenguer, Guillermo Merlo y Juan Puntel.

La construcción las 12 viviendas en Fernández Oro fue en el marco del «Programa Federal Fortalecimiento Comunitario del Hábitat – Integración Socio Comunitaria». El monto de la obra era en ese momento de $5.467.200.

El convenio, firmado entre la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del entonces Ministerio de Planificación Federal, con la municipalidad, consistía en la construcción de las 12 viviendas en Fernández Oro para la cuales la Subsecretaría aportaba el monto total del convenio (acreditándose oportunamente la totalidad de los fondos convenidos).

Cuáles son las cooperativas involucradas


Las tres cooperativas involucradas fueron la Cooperativa de Trabajo General Fernández Oro Limitada, cuyo presidente era Méndez; Cooperativa de Trabajo Maná de Oro Limitada, cuyo titular era Huenchunao; y Cooperativa de Trabajo Construyendo Limitada, a cargo de Quintero.

Los titulares de las cooperativas firmaron un convenio con la municipalidad para construir cuatro viviendas por $1.810.400 cada uno.

Desde el 11 de noviembre de 2014 se efectuaron a la subsecretaría nacional cuatro rendiciones de avance financiero y avance físico correspondientes a los desembolsos recibidos y las erogaciones efectuadas en los meses de diciembre de 2014, enero 2015, abril 2015, agosto 2015, rindiéndose cuenta finalmente de un avance financiero y asimismo de avance de las obras del 75%.

Sin embargo, desde la Dirección Nacional de Inspección de Obras y Control del FONAVI se observó luego mediante la inspección técnica de obras fechada el 1 de marzo de 2017 que el avance físico real verificado de las viviendas era del 25%.

Con las rendiciones irregulares ingresaron a las arcas municipales el 75% del monto financiero asignado al acuerdo.

Rendiciones de avance de obra «falsas»


«Resultó que dichas rendiciones (firmadas y selladas por el entonces Intendente Reggioni, y por Quintero, Méndez y Huenchunao) eran ideológicamente falsas por dar cuenta de un avance de obras que no era real«, planteó el fiscal jefe Gustavo Herrera en la audiencia de elevación a juicio.

Por todo lo anterior se señala que Reggioni «con el fin de procurar un lucro indebido para terceros violó sus deberes perjudicando los intereses confiados, siendo por caso que a sabiendas e intencionalmente no controló ni hizo controlar la ejecución del convenio, el avance de las obras de las viviendas ni la supervisión en la compra de materiales», planteó Herrera.

Según el funcionario del Ministerio Público, Diego Oscar Quinteros, Luis Eladio Méndez y Leonardo Fabio Huenchunao prestaron a Reggioni una cooperación necesaria, sin la cual los hechos no podrían haberse cometido, dado que como presidentes de las Cooperativas firmaron dichas rendiciones de cuentas que habilitaron los desembolsos de los caudales asignados al Acuerdo 994/14, facturaron cada uno $1.369.800 cada uno conforme la facturación de las cooperativas (75% de los caudales públicos destinados específicamente a la construcción de las viviendas en loteos sociales), y distrajeron en propio beneficio o de terceros dichos fondos, que evidentemente no fueron destinados a su fin específico (construcción de las viviendas).-

En tanto, se describe como que Marín se desempeñaba como nexo entre la Intendencia con los presidentes de las cooperativas (sin acto administrativo que la designara en tal función), cobrando cheques y firmando la recepción de los mismos, y a su vez retirando materiales de las obras en construcción pagados con fondos asignados al Programa, cooperando así a la ejecución del hecho de manera no esencial.

Marín percibió sumas de dinero registradas como “haberes” por un total de $72.250 durante el año 2015 pagadas con fondos desembolsados en el marco del convenio firmado y con destino específico para la construcción de las doce viviendas.

La calificación legal que planteó la fiscalía


Herrera, en la audiencia de elevación a juicio de agosto de 2024, indicó que Reggioni debía ser imputado de delitos de administración Fraudulenta cometida en perjuicio de la administración pública, con peculado.

A los tres titulares de las cooperativas se los señaló como partícipes necesarios de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

A Marín se la acusó del delito de administración fraudulenta cometida en perjuicio de la administración
pública en calidad de partícipe secundaria.


El exintendente de Fernández Oro, Juan Oscar Reggioni, llegará a juicio en una semana por una causa en la que está acusado de administración fraudulenta cometida en perjuicio de la administración pública por irregularidades en la construcción de 12 viviendas. La obra la debían realizar tres cooperativas locales, cuyos titulares también serán juzgados. Además afronta cargos una mujer que actuó como nexo entre las partes.

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