Impondrá prisión perpetua a tres policías culpables de las torturas seguidas de muerte de Gatica, en una comisaría de Cipolletti
Es la pena que la fiscalía y las querellas pidieron al juez para los imputados y que las defensas no objetaron. Para la empleada policial condenada por no evitar las torturas contra el hombre demorado en la unidad policial solicitaron entre 3 y 10 años de cárcel. El 19 de junio se conocerá la sentencia.
Los cuatro policías imputados (en la segunda fila) ya fueron declarados culpables por un jurado popular. (foto de archivo de Cecilia Maletti)
La fiscalía, con la adhesión de las querellas particulares, solicitó este miércoles al juez Marcelo Gómez que les imponga la pena de prisión perpetua a los empleados de la Policía de Río Negro Vilmar Quintrel (32), Walter Carrizo (36) y Jorge Sosa (31) que fueron declarados culpables por un jurado popular de torturas seguidas de muerte.
El jurado los encontró responsables el 22 de mayo pasado de haber torturado a Jorge Gatica, cuando estaba detenido en la comisaría 45 de Cipolletti. Esas lesiones desencadenaron en la muerte de Gatica la noche el 9 de enero del 2023.
Además, la fiscalía solicitó al juez que condene a la sargento primero Andrea Henríquez (37) a la pena de 6 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por omitir evitar que se concretara la tortura y posterior muerte de la víctima.
Las querellas pidieron 10 años de cárcel para la empleada policial y la defensa la pena mínima de 3 años de prisión en suspenso.
El juicio por jurados se desarrolló en mayo pasado en Cipolletti. Pero quedó pendiente la cesura para determinar las penas a los cuatro imputados. La audiencia se hizo este miércoles.
La única pena posible: la prisión perpetua
En el caso de los tres empleados policiales declarados culpables por las torturas seguidas de muerte, la única pena posible es la prisión perpetua, según el Código Penal. Las defensas no plantearon objeciones. El juez homologó los pedidos de pena, pero aún falta formalizarlo con la lectura de la sentencia que se hará el 19 de junio a las 13.
En el caso de Henríquez, la fiscalía alegó que la noche del 9 de enero del 2022 era “segunda en la jerarquía, detrás del hombre que ya fue condenado, y no evitó un hecho de extrema violencia contra una persona detenida”. Remarcó la “gravedad institucional del caso y la responsabilidad de la acusada”.
“Todo ocurrió dentro de una dependencia del Estado —la Comisaría 45 de Cipolletti— donde tres personas fueron condenadas por torturar a un hombre que se encontraba detenido, esposado y que, en ese estado, sufrió 184 lesiones y la fractura de siete costillas”, advirtió el fiscal.
Dijo que Henríquez no solo presenció lo ocurrido, “sino que además ejercía autoridad sobre quienes ejecutaron la agresión”.
“Pudo haber intervenido para frenar la situación. En lugar de ello, optó por cambiar al guardia que controlaba a la víctima, medida que no resultó suficiente para evitar lo que ocurrió después”, afirmó el fiscal.
Conducta omisiva
Desde la acusación se indicó que la conducta omisiva afectó el bien jurídico más relevante: la vida. También señalaron que el hecho provocó un grave daño a la imagen institucional de la Policía: “Se generó una situación de desconfianza social en el accionar de una fuerza que tiene el deber de garantizar derechos fundamentales”.
Entre los agravantes, el fiscal consideró el nivel educativo de la imputada, su conocimiento sobre normas básicas de derechos humanos y sus antecedentes disciplinarios.
Señaló, además, que la situación no alteró el funcionamiento habitual de la unidad, ya que el personal continuó con sus tareas mientras la víctima se encontraba gravemente lesionada.
La fiscalía destacó que al disponerse el cambio de guardia, la imputada adoptó una actitud que podría interpretarse como favorable hacia la víctima, aunque la consideró insuficiente para modificar el encuadre legal y la pena solicitada.
El otro imputado en el inicio de la investigación fue Gastón Moraga, que era el oficial de servicio cuando ocurrió el hecho y el de mayor jerarquía en ese momento en la comisaría 45.
Pero hizo un acuerdo con la fiscalía, que tuvo el aval de la querella, y lo condenaron en un juicio abreviado, que se hizo en septiembre de 2023, a 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua por no haber evitado la tortura e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
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