Siete allanamientos en Roca por la amenaza de tiroteo en una escuela secundaria: hay clases suspendidas
La difusión de un mensaje amenazante sobre un presunto tiroteo en la ESRN 1 de Roca derivó en siete allanamientos y la suspensión de clases hasta el miércoles.
La comunidad educativa de Roca se encuentra conmocionada tras la difusión de una amenaza de tiroteo dirigida a estudiantes de la ESRN N 1. El mensaje, que circuló en redes sociales durante el jueves pasado, motivó la intervención de la Fiscalía y un importante operativo policial que incluyó siete allanamientos simultáneos este lunes por la mañana.
La amenaza, de tono alarmante, advertía a una estudiante que se preparara ante un posible tiroteo durante la tarde del viernes. Esto derivó en la suspensión de las clases por decisión de las autoridades educativas, en coordinación con el Ministerio de Seguridad de Río Negro.
Un mensaje que sembró el miedo
La advertencia comenzó a circular en los grupos de WhatsApp y redes sociales vinculadas a estudiantes de tercer año de la ESRN N.º 1, ubicada en San Martín y Sarmiento, pleno centro de Roca. El mensaje decía: “Yo te aviso a vos para que puedas contarle a tu familia y tomar precauciones por si es verdad, y también para que le avises a tu curso”.
Esta frase, aparentemente escrita por otro adolescente, se viralizó rápidamente y encendió las alarmas. El director del establecimiento realizó la denuncia formal ante la Policía y la Fiscalía local, que tomó intervención inmediata.
Actuación judicial y siete allanamientos
La fiscal Jessica González inició una causa judicial por amenazas agravadas. La investigación derivó este viernes en siete allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad. Según confirmó el jefe de la Unidad Regional II, Milton Almendra, los operativos buscaron elementos relacionados con las amenazas, incluyendo armas, municiones, dispositivos electrónicos y pruebas digitales.

Los procedimientos se llevaron a cabo en cinco viviendas del barrio Fiske Menuco, una en el barrio Universitario y otra en las 250 Viviendas. Todos los domicilios estaban vinculados a menores de edad que podrían estar relacionados con la publicación y difusión de las amenazas.
Presuntas armas y contenido en redes
La investigación también incluye el análisis de contenido audiovisual publicado en redes sociales, donde se habrían mostrado armas de fuego, cartuchos y municiones. Estos videos, compartidos en plataformas como Facebook, Instagram y X (ex Twitter), fueron fundamentales para solicitar las órdenes de allanamiento.
Además de las presuntas armas, la policía secuestró teléfonos celulares, chips y otros dispositivos que serán peritados para rastrear el origen y la autenticidad del contenido difundido.
Intervención estatal y suspensión de clases
La respuesta ante la amenaza no fue sólo policial. El Ministerio de Gobierno, a través del ministro de Seguridad Daniel Jara, se comunicó con la ministra de Educación para coordinar medidas preventivas. Se resolvió suspender las clases en la ESRN N.º 1 de Roca, al menos hasta el próximo miércoles.
Desde Educación también se organizan encuentros de concientización para trabajar con estudiantes, docentes y familias sobre el impacto y el riesgo de estas situaciones, así como el uso responsable de las redes sociales.
Controles reforzados y presencia policial
Mientras se desarrolla la investigación judicial, la Policía de Río Negro intensificó los controles y la presencia en las inmediaciones de las escuelas mencionadas. Participan efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo, personal de la Comisaría Tercera, la Unidad Regional y el grupo especial COER, quienes también custodian espacios públicos como la plaza céntrica.
“Desde Policía cumplimos dos funciones: prevención y actuación judicial. En este caso, la actuación investigativa fue fundamental para contener una situación que generó mucho temor”, remarcó Almendra.
Responsabilidad penal y menores punibles
Por cuestiones legales, no se difundieron los nombres de los adolescentes involucrados, pero las autoridades confirmaron que algunos tendrían entre 16 y 17 años, lo que los convierte en punibles según el régimen penal juvenil vigente en Argentina.
Se continúa trabajando para confirmar la edad de todos los implicados y, de ser necesario, notificar formalmente a padres y tutores en el marco de la causa judicial abierta.
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