Despilfarro de recursos en la causa de planes sociales en Neuquén por desacuerdo entre jueces

Los jueces de Neuquén quedaron atrapados en un laberinto que construyeron con sus propias resoluciones y ninguno parece dispuesto a ceder para encontrar una salida. El escenario es el legajo en el que se investiga la estafa con planes sociales, uno de los hechos de corrupción más resonantes de los últimos años en Neuquén que tiene fecha de juicio oral. Hay dos imputados que quieren que los condenen a 3 años en suspenso, pero media docena de magistrados ya se negaron a hacerlo. Es difícil estimar cuántos recursos se están despilfarrando en esta encerrona.

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Los jueces de Garantías se niegan a homologar el acuerdo porque la pena les parece insuficiente. Los del Tribunal de Impugnación, sistemáticamente, les ordenan que deben aprobarlo pero ellos mismos se rehúsan a poner la firma cuando se lo piden. Todos dan razones, mientras tanto el tiempo pasa y los recursos se gastan. «Hay un costo que el sistema no puede asumir de manera indefinida cuando no hay controversia real entre las partes», advirtió una jueza sin ser escuchada.

Como viene informando diario RÍO NEGRO, los imputados son Rodolfo Andrés López y Adrián Meza Lizama. La fiscalía de Delitos Económicos los considera piezas menores dentro de la organización y por eso acordó con sus defensas que no irán a juicio oral. Los dos aceptan declararse culpables y que los condenen a 3 años de prisión en suspenso y a cumplir tareas comunitarias. (Los 15 acusados que estarán en el juicio podrían recibir, si los encuentran responsables, penas de prisión efectiva).

El acuerdo debe ser homologado por un juez o jueza de Garantías. La primera que intervino fue Carina Álvarez y se negó a hacerlo, básicamente porque consideró que la pena es demasiado baja y puede enviar un mensaje equivocado a la sociedad. «Los jueces no somos escribanos», dijo, para expresar que su trabajo no se limita a refrendar los convenios que le acercan.

Los defensores Pablo Gutiérrez y Alejandro Marco (reemplazado luego por Andrea Cornejo y Pedro Santamaría de la defensa pública) recurrieron al Tribunal de Impugnación, que anuló la decisión de Carina Álvarez y ordenó que otro juez homologue el acuerdo. Pero eso nunca sucedió.

Espíritu de cuerpo

El segundo juez que intervino, Cristian Piana, también rechazó el acuerdo. Otra vez el Tribunal de Impugnación anuló y mandó el acuerdo a un tercer juez. Le tocó a Juan Pablo Encina Rivero, quien adoptó la misma postura que sus antecesores.

Como dijo el abogado defensor Pablo Gutiérrez, hay espíritu de cuerpo: todo el Colegio de Jueces discrepa con los fallos del Tribunal de Impugnación y por eso ningún magistrado de Neuquén capital homologará el acuerdo.

Un gasto innecesario

Seis audiencias (tres ante jueces de Garantías, tres ante el Tribunal de Impugnación) para un caso en el que no hay controversia entre la fiscalía y la defensa es un gasto enorme e innecesario.

De eso se habló en la última de las audiencias. Una de las juezas del Tribunal de Impugnación, Patricia Lúpica Cristo, afirmó: «Hay una distorsión del proceso de manera innecesaria (…) Es la sexta audiencia vinculada a un mismo acuerdo con los mismos términos (…) hay un costo que el sistema no puede asumir de manera indefinida cuando no hay controversia real entre las partes».

Propuso asumir competencia positiva, es decir, que el propio Tribunal de Impugnación homologue el acuerdo y termine de una vez con esta historia.

Pero se topó con la férrea oposición de otros dos integrantes del Tribunal de Impugnación, Nazareno Eulogio y Andrés Repetto.

El sistema, desvirtuado

Nazareno tuvo una interpretación distinta de lo que significa desvirtuar el sistema: «lo desvirtuamos si pretendemos que las audiencias de garantías se realicen en el Tribunal de Impugnación (…). Esto nos disgusta, le hacemos padecer el trámite de una audiencia más, entendemos y nos gustaría poder solucionar el tema, pero no nos corresponde a nosotros subrogar las funciones de los jueces de garantías».

Por su parte Repetto señaló que «no puedo asumir una competencia que no es propia de los jueces de impugnación para resolver».

En consecuencia, habrá cuarto intento de homologar el acuerdo. Pero esta vez será ante un juez de Garantías del interior. La audiencia fue fijada para el 20 de mayo con Juan Pablo Balderrama, de Villa La Angostura.

Sin margen de maniobra

¿Qué margen tienen los jueces de Garantías para oponerse a un acuerdo que le traen la fiscalía y la defensa para homologar? O, en otros términos, para no ser “escribanos”. Muy escaso, según el pensamiento de una parte del Tribunal de Impugnación.

En el caso de estos dos imputados en la estafa con planes sociales, los jueces vienen rechazando el acuerdo porque las penas pactadas entre la fiscalía y la defensa les parecen bajas.

Al respecto, el juez del Tribunal de Impugnación Nazareno Eulogio afirmó: «No es cierto que los jueces puedan rechazar penas por bajas».

«De ser así, los fiscales siempre tendrían que consultarles si consideran que la pena es baja, y así pedir más para conformarlos, y eso entraría en contradicción con la división de funciones y la equidistancia que el juez debe mantener con las partes», agregó.

El control de razonabilidad «sólo permite no aceptar acuerdos cuando los mismos implican penar a un imputado por sobre su nivel de culpabilidad, no por debajo», dijo Eulogio. De lo contrario, el juez «está inmiscuyéndose en la política criminal de la fiscalía».

Su colega Andrés Repetto, en tanto, afirmó que «corresponde remarcarle a los jueces de Garantías que pueden disentir, pero no pueden fallar en contra de la ley como en este caso».