La Legislatura de Neuquén abrió el debate sobre el narcotest a funcionarios: ¿qué hacer con los que den positivo?
Hay cinco proyectos presentados, muy parecidos entre sí en lo sustancial. La comisión de Desarrollo Humano y Social unificará el texto para darle despacho.
La comisión de Desarrollo Humano y Social buscará un texto unificado para emitir despacho y llevarlo al recinto. (Archivo)
«Invito a los legisladores a debatir una ley que establezca controles voluntarios y aleatorios para detectar el consumo de drogas en los funcionarios públicos. Si consideran votar esa ley, yo seré el primero en someterme voluntariamente para que me realicen ese test», dijo el gobernador Rolando Figueroa en el discurso de apertura de sesiones del 1 de marzo. La Legislatura le cumplirá pronto el deseo, pero con una corrección importante: los controles serán obligatorios.
En la comisión de Desarrollo Humano y Social empezó este jueves el análisis de los cinco proyectos que proponen establecer la obligación de someterse a exámenes toxicológicos para integrantes de los tres poderes del Estado. Las coincidencias superan en mucho a las diferencias por lo que un texto consensuado aparecerá pronto; sin embargo, la polémica también está a un paso de instalarse.
La iniciativa del oficialismo lleva la firma de Francisco Lépore, Claudio Domínguez y Carina Ricomini entre otros; el del PRO lo explicó Marcelo Bermúdez; hay otro de Darío Martínez y Darío Peralta (UxP); y también dos de particulares: el empresario de medios y excandidato a gobernador Carlos Eguía y la Asociación de Padres.
Los proyectos comparten una base común: establecer controles periódicos de consumo de sustancias psicoactivas en la función pública. Cuáles sustancias, está pendiente de definición.
Quiénes estarían alcanzados
Alcanzaría a todo el Poder Ejecutivo desde el gobernador hasta el rango de director; todos los legisladores; y en el caso del Poder Judicial a los vocales del Tribunal Superior, jueces, fiscales y defensores. También a la totalidad de los policías y se invitará a adherir a los municipios y Concejos Deliberantes o dictar sus propias normas.
Los exámenes serían obligatorios antes de asumir el cargo, y las pruebas se repetirían de forma periódica y aleatoria, aunque con diferentes frecuencias según el proyecto: el oficialismo propone un mínimo de tres veces por año.
Como en los controles de alcoholemia, la negativa a someterse al examen sería interpretada como resultado positivo, y se protege la confidencialidad de los resultados. El Ministerio de Salud sería la autoridad de aplicación.
Diferencias en el enfoque
Las principales diferencias surgen en la frecuencia de los controles, el tipo de sanciones previstas y el modelo de intervención ante un resultado positivo.
El proyecto del oficialismo propone crear una Comisión Evaluadora interdisciplinaria. Además, distingue entre consumo ocasional, dependencia o uso médico justificado, promoviendo tratamientos de rehabilitación antes de considerar sanciones.
En cambio, el proyecto de Bermúdez adopta un enfoque más estricto. Los exámenes serían bianuales y aleatorios, y un resultado positivo confirmado por contraprueba derivaría en suspensión inmediata sin goce de haberes y la posible destitución tras un sumario administrativo. La propuesta también incluye a directivos de empresas estatales y sociedades con participación estatal mayoritaria.
Tratamiento obligatorio
Por su parte, el texto presentado por Peralta y Martínez propone exámenes anuales y aleatorios, también obligatorios para el acceso y permanencia en el cargo. En caso de resultado positivo, el funcionario debería someterse a tratamiento obligatorio para conservar su puesto, y la reincidencia o la negativa injustificada podrían derivar en la remoción definitiva.
La confidencialidad es otro aspecto delicado: en un caso positivo, la suspensión del funcionario rompería automáticamente el anonimato.
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